MINERÍA: LA LOCOMOTORA QUE JALONA EL PIB

Colombia es la tercera economía de América Latina. Los últimos datos revelan que el Producto Interno Bruto del país es de US$ 362.000 millones de dólares, lo que quiere decir que ya superó a Argentina, que tiene un PIB de US$ 347.000 millones. La nación está sólo por debajo de Brasil y México y por encima de Chile y Perú.

Para Fedesarrollo este aumento en la Minería: la locomotora que jalona el PIB producción y generación de capital se debe al buen momento que vive el sector minero. Esta es la única locomotora del gobierno que crece a un ritmo importante, lo que le permitirá tener un crecimiento de la economía cercano al cinco por ciento al cierre de este año. Las cifras de exportaciones así lo demuestran. El acumulado del año revela que las ventas externas del país están subiendo, pero se si toma en cuenta sólo el mes de julio se identifica una caída, principalmente en las cifras de petróleo y derivados, que descienden en cerca del 20 % sus ventas a otros países. Sin embargo, y pese a la difícil situación en Europa y Estados Unidos, la minería muestra un comportamiento aceptable que le permite al Estado hacer cuentas optimistas sobre los ingresos que tendrá la nación en 2012 por cuenta de esta actividad.

Según el Dane, 66 % de las exportaciones son de productos que se extraen. Del total de las ventas externas que ascienden a 35 mil millones de dólares, 23 mil millones son explicados principalmente por la actividad minera y la explotación petrolera. Sólo la mina del Cerrejón, que es una de las más grandes del mundo a cielo abierto, produce anualmente en promedio 32 millones de toneladas de carbón, que representa el 30% de las exportaciones tradicionales del país.

Por las necesidades de transporte del Cerrejón se construyó el sistema férreo que lleva el carbón desde la mina hasta el puerto, de donde es exportado a través de barcos. Pese a que esta obra ya se hizo hace algún tiempo, permanentemente en las zonas de influencia y de vocación minera se están construyendo proyectos de transporte que impactan positivamente el indicador de obras civiles.

Este auge minero que está viviendo el país ha traído consigo un incremento en el comercio de maquinaria pesada, en lo corrido del 2012 se han importado equipos por más de dos mil millones de dólares, doscientos millones de dólares más que en el 2011, según el Dane. La mayoría de estos equipos son especializados para la exploración y explotación minera.

Además se evidencia que hay una gran rotación y renovación de maquinaria, pues mensualmente se registra la salida de equipos pesados que en su mayoría ingresaron al país a manera de leasing y que tras cumplir su vida útil son devueltos al extranjero. En una menor proporción también se identifica que parte de la maquinaria pesada que sale del país son compras de equipos de segunda que son vendidos en el exterior.

Sólo en julio pasado el valor de las máquinas y equipos que salieron de Colombia por estas dos razones sumaron más de 200 millones de dólares, por lo que al año esta cifra puede ser cercana a los dos mil millones de dólares.

Otro sector que se ha visto beneficiado directamente por la actividad minera es el de camionetas 4 x 4. Hace un año el país alcanzó la cifra record de más de 300 mil vehículos vendidos, y pese a que para este año se espera un descenso, las camionetas de gran tracción es un segmento que registra cifras positivas de ventas, gracias a la demanda que sobre este tipo de carros tienen las empresas dedicadas a la minería.

Pero mientras estas cifras hablan de un sector minero que está fortaleciendo la economía, el país entró en un debate que ya llegó hasta el Congreso de la República y que incluso requiere tratamiento por parte de las altas cortes. Por un lado está la minería ilegal, a la que el propio presidente Juan Manuel Santos ha llamado “el nuevo narcotráfico” y que se suma a los ataques de grupos al margen de la ley contra las grandes empresas mineras y petroleras.

Sobre este particular el Ministro de Minas y Energía Federico Renjifo aseguró que “el gobierno está haciendo todo lo necesario para que las empresas que se encuentran en el área puedan operar normalmente y si es necesario se ampliarán algunas medidas especiales”

En la otra orilla están las concesiones y la manera en que se negocian. Allí el tema central es la retribución económica que las empresas mineras dan al Estado. Esto ya está siendo anisado por el gobierno e incluso ya se plantearon algunas medidas para aumentar las compensaciones y que estarían incluidas dentro de una reforma vía Congreso.

Ante este panorama el presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas, asegura que “es clave y necesario respetar los acuerdos pactados con inversionistas nacionales e internacionales para evitar efectos en la inversión extranjera en el país”, haciendo alusión al caso Cerro Matoso, donde distintos sectores han cuestionado la forma en que se renovaría la concesión para la explotación de ferroníquel.

Otra preocupación que comparten tanto gobierno como empresas son las demoras para otorgar licencias ambientales y las complicaciones para realizar consultas previas. En cuanto al tema de las licencias el Ministro Renjifo aseguró que “es una preocupación no sólo de Colombia sino del mundo entero.

Tenemos que preservar el medio ambiente, pero también se tiene que procurar porque el desarrollo no quede estancado”. Al mismo tiempo el recién posesionado Ministro de Medio Ambiente Juan Gabriel Uribe, anunció que revisará en detalle la forma en que se estaban otorgando las licencias y dijo que “esto se hará a partir de cronogramas de trabajo y objetivos de cumplimiento”.

Mientras algunos sectores reclaman que en el país se otorgan concesiones sin medir el riesgo real que tiene el impacto sobre el ecosistema, y al tiempo que el gobierno anunció un nuevo mecanismo de adjudicación, idéntico al que hoy se tiene para la exploración petrolera mediante rondas, las empresas del sector se quejan porque los trámites de las licencias pueden tardar años, lo que retrasa la actividad.

El mismo gobierno a través de la recién creada Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos ha expresado que los tiempos de aprobación son muy lentos y quitan competitividad, pero aclaran que por ninguna razón se puede ceder en requisitos. En poco tiempo entrará a regir el sistema en el que el Estado seleccionará las áreas para explorar y posteriormente las adjudicará a quien presente la mejor propuesta.

La consulta previa, que son los consensos que debe buscar el gobierno y las empresas con las comunidades en temas sociales y de compensación, cada vez es más complicada. Por cada negociación se pude tardar más de un año y puede costar miles de millones de pesos. El tema grave es que según el mismo gobierno las consultas previas están siendo saboteadas por dirigentes políticos de las regiones, que a manera de crear presión para obtener contratos con las empresas, instan a la comunidad a oponerse. Así lo denunció el anterior Ministro de Minas MauricioCárdenas, quien aseguró que los negociadoresde las comunidades llegan con exigencias tales como sólo dialogar en Bogotá, buscando que se les paguen viáticos, hotel y transporte.

Este tema requerirá de una revisión a fondo, que puede llegar incluso hasta las altas cortes, pues por temas de consultas previas, las cifras de erradicación de cultivos ilícitos han caído, dado que para hacer este tipo de limpieza también se requiere un proceso similar. Hoy el país si bien avanza en una nueva senda guiada por la Minería, pero el sector reclama a su vez mayores controles para la explotación ilegal y una mayor eficiencia en las adjudicaciones, que incluyan reducción de tiempo y mayor controles para que tanto el Estado como las empresas queden con todas las garantías cuando se firme un contrato de explotación.