Minería ilegal disminuye en Colombia | Makinaria Pesada

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Minería ilegal disminuye en Colombia

Minería Ilegal disminuye en Colombia

Minería Ilegal disminuye en Colombia

La minería ilegal ha sido un flagelo que ha perturbado al país durante mucho tiempo. Sus repercusiones en aspectos económicos y de medio ambiente han dado cabida a la fuerte intención de un pare directo por parte del Gobierno Nacional y de la Policía Nacional de Colombia. Actualmente la política gubernamental dicta una “lucha frontal contra la minería ilegal”, a lo que la Policía respondió con un plan de “Intervención integral contra la minería ilegal” en el marco del modelo operacional denominado “Corazón verde”, orientado al cumplimiento de la eliminación ilícita del país, la desarticulación de las estructuras criminales dedicadas a la minería ilegal, la prevención de la atomización y mutación del fenómeno a nivel nacional y la contribución al fortalecimiento del control territorial y la acción integral del Estado.

De acuerdo a información suministrada a Makinaria Pesada por parte de la Policía Nacional,  existen dos vías que actualmente emplea la Policía para el debilitamiento de la minería ilegal en Colombia. La primera, mediante la confrontación directa del fenómeno el cual contempla operaciones de intervención así como el desarrollo de procesos investigativos que permitan establecer y desarticular las estructuras criminales que inciden directamente en esta actividad ilícita; así mismo durante lo corrido del año 2015 se ha fortalecido la participación de las fuerzas militares mediante un trabajo coordinado, conjunto e interagencial.

La segunda y unida a la anterior, la Policía Nacional proyectó una  iniciativa legislativa para un proyecto de Ley por medio del cual se modifican el código penal, código de procedimiento penal, código de minas, código nacional de tránsito y la Ley de procedimiento sancionatorio ambiental; con el fin de fortalecer las medidas contra la criminalidad y la financiación del terrorismo, y se dictan otras disposiciones. El documento fue remitido a las carteras de Defensa, Minas y Ambiente y en la actualidad se encuentra en la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la Republica para su estudio y su presentación ante el poder Legislativo con el fin de mantener disposiciones para la lucha contra la minería ilegal.

Bajo estas acciones, en el presente año, la Policía ha logrado afectar un total de cinco organizaciones criminales dedicadas a la explotación ilícita de yacimientos mineros mediante el desarrollo de procesos investigativos en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, que conllevaron a la ejecución de  operaciones estructurales, materializando en las mismas los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales y contaminación ambiental. Adicionalmente realizaron cinco allanamientos, 25 órdenes de capturas por órdenes judiciales, se radicaron 6 circulares azules a la Interpol y se realizaron 1966 capturas por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros, según informes de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural.

Manteniendo la misma rigurosidad la Policía Judicial adelanta 23 investigaciones frente al delito de explotación ilícita de yacimiento minero, bajo la coordinación de 23 Fiscalías Especializadas del Eje Temático de Protección a los Recursos Naturales y el Medio Ambiente de la Fiscalía General de la Nación, las cuales se encuentran divididas de la siguiente manera: 8 en Bogotá, 1 en Bucaramanga, 6 en Cali,  2 en Villavicencio y 6 en Medellín, de acuerdo a reportes de la Policía Nacional.

 

Los metales más buscados

Teniendo en cuenta la rentabilidad de los metales preciosos que existen en nuestro país, el mineral que más se busca en la minería ilegal y criminal es el oro, el cual con un menor esfuerzo y con menos exposición a una pena judicial genera mayores ingresos. Así mismo es el mineral con mayor presencia en los municipios afectados, son 95 municipios los se ven afectados.

 

Control territorial y maquinaria incautada

Desde el año 2010 la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural comenzó a afrontar la problemática relacionada con la minería ilegal. Sin embargo, durante el año 2014 con el ánimo de fortalecer las acciones policivas fue crea la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo (UNIMIL), destinada a direccionar y liderar las iniciativas estratégicas y operativas que conlleven a la disminución de este flagelo contando con cuatro escuadrones Móviles de Carabineros ubicados en las zonas críticas de producción minera.

De acuerdo a un informe suministrado por la Dirección de Carabineros, en total son 23 departamentos afectados por esta problemática, sumando un total de 233 municipios. Dentro del top 10 de los departamentos más afectados se encuentran Boyacá  con 37 municipios, Antioquia con 30, Cundinamarca con 30, Choco  con 21, Cauca con 14 y Valle con 14 municipios.

Adicionalmente al ataque territorial que se viene realizando en conjunto de diversas entidades, el decomiso de maquinaria se ha convertido en un objetivo significativo para la prevención y disminución de este flagelo. En lo que se lleva corrido del año, se ha logrado la incautación de 241 tipos de maquinaria amarilla como retroexcavadoras y buldócer, las cuales han sido dejadas a disposición de las autoridades ambientales y judiciales competentes. Por otra parte en el presente año se han decomisado otros elementos vinculados como: 131 dragas, 412 motobombas, 168 volquetas, 36.342 galones de ACPM y 8.994 Gl de gasolina.

 

Balance en el 2015

En lo que lleva transcurrido del año la afectación minera ha sido de un 21% que corresponde a 233 municipios de los 1103 que conforman el territorio nacional, de acuerdo a los análisis de información realizados por la Dirección de Inteligencia Policial. De estos municipios afectados existe una incidencia de grupos armados ilegales como FARC, ELN y crimen organizado estructurado. En comparación con el 2014 hay una disminución del 24%, con relación a la medición tomada en el mismo periodo la cual contó con 307 municipios afectados. Así mismo, la incidencia de grupos armados ilegales cayó en un 46%.